Por Invidente pero Visible, Sígueme en Twitter
En ocasiones, crees que la sociedad avanza en ámbitos de discapacidad y actitudes insolidarias, ya están desplazadas de nuestro entorno. Me inquieta cuando me llegan noticias como la de hoy, que pensaba ya estaban erradicadas en nuestra sociedad, pero no es así y además cuando la crisis continúa estas actitudes se acrecientan y tienen su base como no, en las dificultades económicas.
Una comunidad de vecinos de la localidad madrileña de Villaverde Alto se niega a instalar una plataforma elevadora en el acceso al portal del edificio donde vive un niño de tres años, Adrián Rodríguez, que tiene discapacidad del 87%, con lesiones cerebrales, con ceguera, sin movilidad alguna y en situación de dependencia total de sus padres y de los medios de transporte apropiados para personas con discapacidad.
Según ha denunciado la familia del niño, tras distintas juntas vecinales, la comunidad “no sólo se niega a realizar la instalación de la plataforma que, además en un principio, se había aprobado en una primera junta, según establece la propia ley, sino que decidieron desacordar la instalación y, a cambio, aprobar unas obras en el garaje de la finca para el cuidado de los vehículos de los vecinos y aprovechar esas obras para que dicho lugar sea el paso de acceso para nuestro hijo con discapacidad”.
Los padres, según han incidido, interpusieron una demanda el pasado día 10 de abril ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid contra la comunidad de propietarios de dicho edificio, en la que solicita que se declare la nulidad de dicho acuerdo como medida para eliminar las barreras arquitectónicas que dificultan la accesibilidad a los portales y, por tanto, la paralización de cualquier gestión o acción relacionada con las obras relativas al pasillo perimetral interior (al que se accede por puerta peatonal junto a la del garaje) como medio de acceso para personas con discapacidad.
Por su parte, el abogado Ángel Bravo ha apoyado este testimonio y ha manifestado que primero se intentó un acuerdo extrajudicial y que la comunidad hizo “caso omiso” a esa posibilidad, por lo que por eso se decidió interponer una primera demanda “encaminada a que se considere que el acuerdo unánime que se tomó en su día para instalar la plataforma elevadora, se ejecute”.
Y en segunda instancia, se tuvo que interponer una segunda demanda contra el segundo acuerdo de la comunidad, “que lo que pretende es que el niño acabe haciendo un recorrido de un kilómetro para acceder a la vivienda”. Además, ha señalado que esa demanda lleva incluidas unas medidas cautelares para impedir que esa obra no se inicie “de ninguna de las maneras”, ya que “su función y la propia licencia no están encaminadas a la realización de esta obra, sino a una acción de acondicionamiento”.
Entre otras actuaciones, previamente, el demandante había acudido al CERMI Comunidad de Madrid para buscar asesoramiento, y también había informado a la Junta Municipal del Distrito de Villaverde que corresponde a la finca sobre las obras relacionadas con el acceso al garaje y al pasillo perimetral de la finca, con el objetivo de que el organismo municipal realizase las comprobaciones legales oportunas con el fin de que esas obras se adecúen a la normativa urbanística y, concretamente, a la relacionada con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y la eliminación de barreras.
Así, ha intervenido también el presidente del CERMI Comunidad de Madrid, Javier Font, para apoyar a la familia y ha apuntado que este caso es “una condena, que, desde luego, no tiene que ver con la justicia”.
Por otra parte, en relación a la Ley de Propiedad Horizontal, ha coincidido con Ángel Bravo en que no es necesario cambiarla, pero sí que debería establecer, según ha reconocido, quiénes deben pagar los costes de las obras realizadas por razón de accesibilidad. “Lo que tenemos que reclamar es que las medidas de accesibilidad no se negocian, se deben contemplar como una mejora que deben pagar todos los vecinos porque supone un perfeccionamiento de la finca y de las condiciones de vida de las personas con discapacidad”.
Por último, la madre de Adrián Rodríguez, Mª Ángeles Huerta, ha expresado que lo único que piden es que sus vecinos “razonen sobre su decisión”. “No es un capricho, es una necesidad, y ojalá no tuviésemos que pasar por esto, ya que nosotros también somos parte de la comunidad”.
Concluyo con 3 reflexiones que resumen este conflicto y seguro que muchos más. Por un lado, las palabras de la madre señalando que “no es un capricho sino que una necesidad”, unidas a las del presidente del CERMI Madrid indicando la falta de sensibilidad en esta acción vecinal.
De todos modos, insisto que mucho del problema seguro se debe al gasto económico que comporta esta obra y que sin duda, mejorará las condiciones de la vivienda para los ciudadanos de la misma, pero en estos instantes críticos con la crisis económica todo es más complicado y en ausencia de recursos, aunque la ley de propiedad horizontal no lo refleje, debería de existir un fondo económico por parte del organismo público que le competa para poder sostener este tipo de obras, no originar conflicto por lo material y de esta manera si no es otro el problema conseguir así mejoras en los edificios para el acceso para todos y más concretamente a personas con movilidad reducida.
