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Prácticamente todo el sector social vinculado con la discapacidad liderado por el CERMI, ha mostrado su repulsa y negativa por la resolución ministerial por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario; al mismo tiempo que solicita que se declare nula de pleno derecho.
Según el CERMI, esta aportación del usuario con discapacidad, comúnmente llamada copago, vulnera directamente el derecho a la salud que recoge la Convención de la ONU, ratificada por España, ya que las personas con discapacidad tienen un gasto familiar o personal “muy superior”, que está asociado a la propia discapacidad, por lo que se encuentran en una situación de discriminación y desventajas sociales.
Así, continúa el CERMI, el establecimiento de este nuevo copago, de esta nueva aportación, agrava esta situación discriminatoria, ya que consiste en hacer pagar parte del coste de estos productos farmacéuticos a todas las personas sin tomar en consideración la discapacidad y la situación específica.
Para el CERMI, con la aprobación de esta resolución se está produciendo “un grave quebranto en los derechos de las personas con discapacidad y sus familias”, ya que vulnera el tratado internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Observamos de esta manera que para enfermos terminales, que muchos de ellos cuentan con una discapacidad, pagar poco más de 4 euros puede ser una pequeña cantidad, pero a este número se añaden muchos más con la carestía de la vida y el ingreso suele ser una pensión de apenas 400 ó 500 euros. Así, vapulea nuevamente a los más débiles. En la misma línea, por ejemplo, los afectados por problemas crónicos en el hígado, pueden llegar a pagar hasta 80 euros por su específico tratamiento y sin duda clama más al cielo este tipo de transgresiones.
“Es una resolución manifiestamente perjudicial para las personas con discapacidad y sus familias, a las cuales no se han tenido en cuenta para adoptarla, y es claramente discriminatoria precisamente para un grupo social que precisa de apoyos más intensos y significativos en una materia tan sensible como es la de la salud y que atenta gravemente contra las normas de rango legal”, concluye el CERMI.
Supone una vulneración de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, lo cual es una infracción. No podemos permitir que la tan denostada sociedad del bienestar”, deje paso a una sociedad mercantilista y de consumo que trate por igual a todos pues de esta manera se crearán siempre desigualdades sociales muy agudizadas.
