Por Invidente pero visible, Mariano Fresnillo. Sigueme en twitter: @ciegovisible
A finales de junio, se celebró en Madrid organizado por el CERMI, una conferencia internacional de gran calado con importantes participantes de varios países y de relevancia en el mundo asociativo. Ellos intentan defender desde sus áreas a la discapacidad en general y en concreto a las niñas y mujeres que cuentan con esa doble discriminación, al acoger los dos tipos de exclusión, como mujer y como discapacitada.
La Conferenciareunió alrededor de 300 personalidades destacadas del mundo político, asociativo y social, personas expertas y comprometidas en materia de género, procedentes de más de 22 países. Entre las personalidades que podemos mencionar del mundo asociativo internacional, destacan el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; el presidente del Foro Europeo dela Discapacidad(EDF), Yannis Vardakastanis; y la presidenta de la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA), Diane Richler. Además, la vicepresidenta dela Comisión Europea y Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding; la directora dela Secretaría de la Convención de la ONU de la División de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, Akiko Ito; y la directora ejecutiva dela ONU Mujeres, Michelle Bachelet, participaron también en la apertura a través de unos mensajes por videoconferencia.
Tras la inauguración, la joven activista sordociega Gennet Corcuera, habló sobre su experiencia de vida desde el punto de vista de la superación personal en una conferencia que presentó y moderó la ex secretaria general de Política Social y Consumo del PSOE, Isabel Martínez Lozano. En el próximo artículo me detendré a ensalzar la figura de Gennet como un gran reconocimiento a su fantástica labor.
La Conferencia también contó con una sección sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Para ello, se ofreció una conferencia en la que Christina Ryan, de Mujeres con Discapacidad de Australia, expuso el modelo australiano en relación a esta materia. Tras su intervención, mujeres con discapacidad de distintos países hablaron sobre su experiencia, en este sentido. Asimismo, se convocó un encuentro cívico, organizado por el CERMI, ante el Ministerio de Justicia como expresión de rechazo a la esterilización forzosa y al aborto coercitivo de las mujeres y niñas con discapacidad.
El 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor de sufrir violencia sexual. Así lo recoge el Informe sobre Violencia en Mujeres y Niñas con Discapacidad, presentado en el Consejo de Derechos Humanos y elaborado porla Oficinadel Alto Comisionado dela ONUde Derechos Humanos, y cuyos contenidos han sido ofrecidos porla Oficialde Derechos Humanos dela Oficinadel Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Gabriela Guzmán.
Así lo ha presentado durante la celebración de la mesa redonda ‘El trabajo de Naciones Unidas en relación a la violencia en las mujeres con discapacidad’, en el marco dela Conferencia. Además, el informe añade que “el 80% de las mujeres con discapacidad que viven en instituciones está expuesto a la violencia de las personas de su entorno”. En este sentido, entre las manifestaciones específicas de la violencia a mujeres y niñas con discapacidad, destaca que se suelen dar en los hogares, en residencias, en la comunidad, en las escuelas u otros establecimientos públicos o privados.
Asimismo, denuncia que las niñas con discapacidad también están expuestas a tener un mayor riesgo de sufrir violencia y prácticas nocivas (infanticidio, matrimonio precoz y forzado, esterilización forzada, mutilación genital femenina, violación de vírgenes, explotación y trata de personas…).
Por otra parte, ha hecho referencia a la discriminación múltiple que sufre la mujer con discapacidad, “debido a su género y a su discapacidad”, por lo que, según señala el informe, se enfrentan a situaciones de pobreza, aislamiento, salarios inferiores o menos representatividad en la fuerza del trabajo, entre otras. Es decir, las mujeres con discapacidad “corren el riesgo de ser objeto de violencia debido a distintas formas de discriminación complejas e intersectoriales”.
Entre los factores que detecta el informe que facilitan la violencia, destacan: las percepciones esteriotipadas y erróneas, como el hecho de considerar a las mujeres con discapacidad como receptoras de servicios caritativos, sujetas a decisiones de otras personas, incapaces de tomar sus propias decisiones de manera autónoma. También resalta la creencia de que las mujeres con discapacidad no están en condiciones de presentar una denuncia, su aislamiento y exclusión de la sociedad o la dependencia que tienen de otras personas.
Por último, entre las recomendaciones que ofrece el informe, prima la revisión de la legislación existente que regula esta materia, así como el desarrollo de programas preventivos y combativos acerca de la violencia, programas de sensibilización destinados a modificar las percepciones sociales sobre las personas con discapacidad, garantizar que los servicios y programas sean accesibles y fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres con discapacidad. En este sentido, indica que la medida más eficaz de prevención de la violencia de las mujeres con discapacidad es el sistema de justicia.
El informe también indica que existe la necesidad de adoptar un enfoque holístico que permita eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad, fomentar su autonomía y hacer frente a los factores de riesgo específicos que las exponen a la violencia.
Por otra parte, Gabriela Guzmán ha expuesto, también en materia de violencia a las mujeres y niñas con discapacidad, el enfoque desarrollado por el mandato de la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, que aborda el problema reconociendo la subordinación general de las mujeres dentro de un sistema patriarcal. En este sentido, entiende la violencia contra las mujeres como la violación a los derechos humanos más prevalente del mundo.
También habla de la necesidad de eliminar las causas subyacentes y estructurales de la violencia contra las mujeres, como es la discriminación por razón de sexo y aborda la necesidad de pasar de un enfoque basado en la victimización a un enfoque de empoderamiento, así como la obligación del Estado de proceder con la diligencia debida para prevenir la violencia contra la mujer.
